El veredicto es claro: ver un partido en streaming ilegal no se considera robo, y esta opinión es prácticamente unánime.
Los hombres están algo más divididos que las mujeres, y el grupo de 18 a 24 años es el único que expresa una duda significativa.
El registro dominante es jurídico y práctico: el streaming ilegal cae en el ámbito de la propiedad intelectual, no del robo en sentido estricto.
El argumento económico tiene peso: la necesidad de acumular varias suscripciones para seguir el deporte se percibe como una limitación que justifica el uso de alternativas, aunque se reconoce su ambigüedad ética.