Unanimidad en las urnas: el 100 % de los votantes considera que cada país de la UE debería estar obligado a acoger su parte de solicitantes de asilo. Ni oposición ni indecisión.
El acuerdo es idéntico entre hombres, mujeres y votantes sin género declarado, y cada franja de edad representada, de los 18-24 a los mayores de 65, vota en el mismo sentido. En una de las preguntas más divisivas del debate público europeo, ningún perfil se desmarca.
El debate, en cambio, dista de ser unánime, y ahí está el interés de esta jornada. Las voces que acompañan al voto defienden la solidaridad y el reparto del esfuerzo: evitar que dos o tres países lo gestionen todo solo porque están en la frontera, algo que no es justo ni para ellos ni para nadie.
El mismo argumento vuelve en forma más institucional: un reparto equitativo compartiría las responsabilidades y mejoraría la gestión en conjunto. Una voz amplía aún más el marco: la solidaridad debe darse entre Estados miembros, pero también hacia los propios solicitantes de asilo.
La contradicción, ausente en el voto, aparece en una respuesta: cada país tiene derecho a decidir quién entra, si no, ¿para qué sirve ser un país? Es el argumento de la soberanía, formulado por alguien que, sin embargo, no inclinó el resultado.
Una última voz, sin opinión, plantea la pregunta práctica que nadie zanja: el principio de reparto parece lógico, pero ¿cómo se obliga a un país que se niega? ¿Una multa, y ya está? El consenso del voto se detiene, pues, justo donde empieza la aplicación.