Veredicto contundente: el 83 % quiere que un cargo electo condenado sea inelegible de por vida, frente al 17 % que se opone. Nadie se refugia en la falta de opinión: en este tema todo el mundo se pronuncia.
Los hombres están unánimemente a favor. Las mujeres también respaldan ampliamente la medida, pero aportan la totalidad de la oposición: de ahí viene el matiz de la jornada.
Por edad, el apoyo es total entre los de 25-34, 45-54 y 55-64 años, y muy fuerte entre los de 18 a 24. Solo los mayores de 65 se dividen en dos: la franja de más edad es la única que duda ante una sanción definitiva.
El debate justifica el veredicto por la exigencia de ejemplaridad. Los argumentos más respaldados se resumen en una idea: una elección se basa en la confianza, ciertas funciones exigen una confianza absoluta y una condena por corrupción, malversación o abuso de poder las vuelve definitivamente incompatibles. No es un castigo de por vida, precisa una voz, es una incompatibilidad.
El hilo se encarna pronto en nombres, Le Pen, Sarkozy, Marine, y uno de sus intercambios más animados se cierra con un recordatorio seco: hablamos de una condena, no de un exceso de velocidad. Una intervención se dejó en nota de voz, donde se oye el razonamiento construyéndose en voz alta en torno a la misma idea: abusar de la confianza de los electores debería cerrar la puerta a las siguientes elecciones.
El bando del « no » nunca defiende al condenado. Solo cuestiona el automatismo: todo depende de la gravedad del delito, y la inelegibilidad vitalicia debería aplicarse únicamente a los hechos más graves, los que realmente dañan la confianza pública. Entre ambos bandos, la distancia no está tanto en el principio como en el umbral.